Por Yudelis Méndez

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha colocado la "Reforma Policial" como una de las principales banderas de su gestión, vendiéndola como un hito histórico de modernización. 

Sin embargo, mientras los reportes oficiales y los indicadores macroeconómicos se concentran en resaltar reducciones estadísticas y graduaciones de nuevos conscriptos, el ciudadano común percibe una realidad drásticamente distinta en las calles. 

Los casos continuos de abusos de poder, ejecuciones extrajudiciales encubiertas bajo el desgastado rótulo de "intercambios de disparos", e incluso la participación directa de uniformados en delitos graves y feminicidios, sabotean de forma sistemática la narrativa de avance.

En lugar de una evolución, la percepción pública generalizada es la de un evidente y peligroso retroceso.

El argumento gubernamental suele recurrir a la justificación de la "cultura sistémica heredada" tras décadas de vicios institucionales para explicar la lentitud de los cambios. 

No obstante, a varios años de haberse iniciado formalmente este proceso de transformación, la repetición sistemática de conductas criminales por parte de los agentes evidencia que los filtros de reclutamiento, el control psicológico y, sobre todo, el régimen de consecuencias siguen fallando en sus cimientos más básicos.

La estructura interna parece asimilar los recursos de la reforma sin alterar sus hábitos más oscuros.

El crimen de Darlin en Herrera

El reciente y trágico asesinato a quemarropa del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, en el sector de Herrera (La Cañada de Guajimía), no puede ser catalogado como un hecho aislado; es la radiografía exacta del fracaso de la reforma en la práctica de calle.

Un incidente originado por la simple fiscalización de una motocicleta terminó en una ejecución sumaria, a pesar de que la víctima ya había entregado sus documentos de identidad y se encontraba desarmada.

Este suceso desnuda la carencia absoluta de protocolos de mediación, el nulo manejo de la inteligencia emocional y el uso letal y desproporcionado de la fuerza ante faltas estrictamente administrativas.

Frente a la ola de indignación colectiva y las legítimas protestas sociales en Santo Domingo Oeste, las respuestas del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Interior y Policía han seguido el mismo guión reactivo: catalogar la acción del cabo involucrado como el acto individual de un "animal" y prometer de forma enérgica que "el uniforme no será un escudo para la impunidad".

Sin embargo, para la opinión pública, estas declaraciones ya no mitigan el problema de fondo. El repudio generalizado nace de constatar cómo la vida de un joven trabajador se extingue en segundos debido a la intolerancia de quien juró protegerlo, dejando en evidencia que los discursos oficiales naufragan ante la terca y violenta realidad.

La paradoja del uniforme

A pesar de las millonarias inversiones en infraestructura formativa, asesorías internacionales y la tecnificación de cuerpos investigativos como el DICRIM, las calles dominicanas siguen registrando la misma conducta represiva del pasado.

El aumento salarial y los incentivos económicos, si bien eran necesarios, han demostrado que no erradican de forma automática la extorsión ni la violencia social que ejecutan algunos de sus miembros si no se extirpa la impunidad estructural.

De la multa al disparo

Juristas, sociólogos y analistas coinciden en que el drama de Herrera evidencia que los agentes patrulleros desconocen o desprecian los límites más elementales de su propia autoridad.

Lo que legalmente debió resolverse con una simple citación de tránsito o una penalidad menor se transformó, por el criterio arbitrario y violento del uniformado, en un homicidio en pleno barrio. 

Esto confirma que los miles de millones de pesos invertidos en capacitación teórica aún no logran alterar la mentalidad autocrática y represiva del patrullaje diario en los sectores vulnerables.

¿Maquillaje o cambio?

El núcleo de la crítica al gobierno del PRM radica en que la reforma policial parece estarse diseñando exclusivamente de arriba hacia abajo, priorizando los aspectos cosméticos, los eventos hoteleros y las estructuras burocráticas por encima del control real y la supervisión estricta en el territorio. 

Al no percibirse un régimen penal policial implacable, transparente y visible para la sociedad, la población asume con justa razón que el espíritu de cuerpo y la impunidad interna siguen operando detrás de la placa. 

Mientras la brecha entre los anuncios de palacio y la sangre en las calles siga ensanchándose, el proceso no será visto como una reforma, sino como una costosa campaña de relaciones públicas que ha dejado a la ciudadanía en un total estado de indefensión.

Y esto deja todo más claro: Este Gobierno es un fiasco. Hay que sacarlo del Palacio en 2028, con Leonel Fernández a la cabeza.