(Imagen creada por IA para fines ilustrativos.**)
Por: Yudelis Méndez
La promulgación y entrada en vigor de la denominada "Ley Mordaza" marca un punto de inflexión, un enorme giro en la historia democrática reciente de la República Dominicana.
Lo que en su fase de debate legislativo se presentó como un esfuerzo de regulación técnica o de protección de la seguridad nacional, se ha revelado en la práctica como un esquema de control de la conversación pública e injerencia estatal.
Desde el Movimiento Solidaridad con Leonel, abordamos este fenómeno no solo desde la denuncia coyuntural, sino desde un análisis político riguroso, evaluando sus vulnerabilidades, sus costos de implementación para el oficialismo y, sobre todo, las acciones tácticas necesarias para hacerle frente ahora que forma parte del ordenamiento jurídico vigente.
El verdadero peligro de una norma de esta naturaleza no reside únicamente en su aplicación directa, sino en el efecto inhibitorio que genera en el tejido social. Es decir, una forma de impedir la conducta de los ciudadanos en el momento oportuno.
Al introducir tipos penales o administrativos ambiguos sobre la difusión de información, la ley traslada la carga de la prueba al ciudadano o al comunicador.
El periodismo de investigación, una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, se ve sometido a un riesgo operativo y penal que desincentiva la fiscalización del gasto público.La concesión de atribuciones de fiscalización e interceptación a organismos ejecutivos o de inteligencia sin un control judicial previo y riguroso rompe la división de poderes. Esta asimetría deja desprotegido al ciudadano común frente al aparato coercitivo del Estado.
En una economía moderna basada en la información, la inseguridad jurídica en materia de datos y libertad de expresión afecta la confianza de los sectores tecnológicos, de medios y de inversión extranjera, distorsionando el clima de negocios y la reputación internacional del país.
Desde la teoría del poder, los regímenes que acuden a mecanismos de coerción informativa suelen hacerlo motivados por la vulnerabilidad y no por la fortaleza. Esta ley constituye un error de cálculo estratégico por tres razones fundamentales.
Pretender controlar las plataformas digitales modernas es técnicamente inviable. La represión puntual de voceros suele multiplicar el alcance del mensaje original (Efecto Streisand).Los organismos multilaterales, bancadas de derechos humanos y la prensa internacional penalizan la degradación institucional, aislando diplomáticamente al Gobierno. La amenaza común actúa como un catalizador que acelera la articulación entre partidos de oposición, sindicatos de prensa y la sociedad civil organizada.
¿Cómo enfrentar el problema ahora que es Ley?
El hecho de que la norma esté en vigor no implica la resignación ciudadana. Enfrentar una ley injusta requiere una estrategia multidimensional que combine el frente jurídico, la acción política y la pedagogía social.
Activar de manera coordinada recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) alegando la violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.
Acompañar legalmente los primeros casos en que el Estado intente aplicar la norma, convirtiendo cada expediente en un juicio público a la constitucionalidad de la ley.
Constituir una mesa de trabajo permanente con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y plataformas digitales para monitorear excesos de autoridad.
Crear observatorios independientes que documenten y visibilicen cualquier intento de amedrentamiento a la ciudadanía en redes sociales.
Impartir talleres comunitarios y profesionales sobre derechos constitucionales, ciberseguridad básica y herramientas de protección de datos para comunicadores y activistas.
Promover el rechazo ético e institucional contra directivas administrativas que pretendan obligar a funcionarios o técnicos a vulnerar derechos de la ciudadanía.
Un Gobierno que necesita leyes represivas para gobernar demuestra que ha perdido el debate de las ideas y la gestión de las soluciones.
La "Ley Mordaza" en vigor no es el final de la discusión, sino el comienzo de un ciclo de resistencia democrática firme y organizada.
La vigencia de estas regulaciones no solo transgrede el espíritu garantista de la Constitución, sino que asesta un golpe directo al tejido social del país a través de los siguientes puntos:
Vulneración de la Libertad de Expresión y Prensa: Establece mecanismos de control y tipificaciones penales/administrativas difusas que fomentan la autocensura en periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en plataformas digitales. La amenaza implícita sanciona la disidencia y la crítica ciudadana.
Invasión a la Intimidad y derechos ciudadanos: Permite niveles de injerencia sin el debido contrapeso ni un control judicial estricto. Esto expone la privacidad individual y vulnera el derecho al debido proceso de la ciudadanía.
Inseguridad Jurídica e Institucional: Al otorgar facultades discrecionales a organismos estatales para fiscalizar u obtener información privada bajo interpretaciones ambiguas, se debilitan las garantías jurídicas esenciales para la inversión, la libre empresa y el ejercicio periodístico ético.
Desmantelamiento de los contrapesos democráticos: Se persigue debilitar el escrutinio social sobre la función pública. Un gobierno que busca limitar el acceso a la información pública o restringir la denuncia social solo evidencia su temor al escrutinio democrático.
Desde el Movimiento Solidaridad con Leonel, bajo la conducción del doctor Leonel Fernández, reiteramos nuestro compromiso inequívoco: usaremos todas las vías institucionales, políticas y sociales para revertir este despropósito y restituir la plenitud de las garantías democráticas en la República Dominicana.